La defensa ambiental en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, un estigma, tres contextos
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En Nicaragua, Costa Rica y Panamá, las personas defensoras del ambiente y el territorio son perseguidas, agredidas, estigmatizadas, criminalizadas y hasta asesinadas. Informes de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, y testimonios de activistas y líderes campesinos e indígenas de los tres países, así lo confirman.
¿Qué está ocurriendo en cada uno de estos países en términos ambientales? En esta segunda entrega analizamos las particularidades según cada contexto, también la lamentable realidad en común alrededor del extractivismo y otros problemas ambientales y las consecuencias para quienes deciden plantarse frente al poder para frenar megaproyectos que más allá de traer desarrollo, depredan montañas y bosques, contaminan fuentes de agua y vulneran los derechos de poblaciones principalmente rurales e indígenas.
Nicaragua, el país donde “ya casi nada queda por cerrar”
Hablar de la situación de Nicaragua es por demás complejo. Todos los sectores sociales del país están vetados por la oprobiosa dictadura que gobierna con mano de hierro desde hace 19 años.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas lo ha reiterado en su más reciente informe sobre Nicaragua, dado a conocer el pasado 16 de septiembre de 2026. El desmantelamiento casi total de la democracia ha pasado por la aprobación de leyes restrictivas y represivas, la disolución de más de 5,539 organizaciones civiles, 57 medios de comunicación cerrados, 4,796 detenciones arbitrarias ejecutadas desde 2018, y aproximadamente 800,000 nicaragüenses forzados al exilio.
A lo anterior se suma la exclusión de sectores de oposición del ámbito político, la confiscación de propiedades y otros bienes, la persecución religiosa, las desapariciones forzadas, las muertes de personas bajo custodia del Estado y la represión transnacional.
Durante la presentación del informe en Ginebra, el Alto Comisionado, Volker Türk, señaló que en Nicaragua “La situación es absolutamente indefendible” y agregó que “Ya casi no queda nada por cerrar”.
La afirmación anterior coincide con lo que registra la plataforma Monitor CIVICUS, la cual evalúa el estado del espacio cívico en 200 países del mundo.
Monitor CIVICUS, en su informe anual 2025, titulado “Poder ciudadano bajo ataque”, ubica a Nicaragua como un país “cerrado” la peor categoría dentro de su escala de medición que incluye las categorías cerrado, reprimido, obstruido, estrecho y abierto.
Por otro lado, la organización Global Witness advierte que, en países como Nicaragua, los casos de agresiones, criminalización y asesinatos contra personas defensoras del ambiente y los derechos humanos, así como contra líderes campesinos, indígenas o afrodescendientes no se pueden verificar o no son denunciados por temor, dado el contexto de represión contra las comunidades.
Lo que dice OACNUDH en materia del ambiente y los territorios indígenas
El contundente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) hace hincapié en que en Nicaragua, si bien existe un marco jurídico robusto que reconoce el carácter multiétnico del Estado y protege los derechos de los pueblos indígenas, “la distancia entre este marco jurídico y su implementación en la práctica es cada vez mayor.”
El informe menciona que la situación se ve exacerbada por la legislación sectorial, “en particular los reglamentos sobre la actividad minera, que pueden dar lugar a restricciones en el acceso a la tierra y a los recursos naturales”.
En el mismo sentido menciona como consecuencias la degradación ambiental y las repercusiones negativas en los medios de vida tradicionales, las prácticas culturales y la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas.
Por otro lado, señala el impacto de la Ley de Territorio Fronterizo, promulgada en agosto de 2025, la que declara propiedad del Estado una franja de 15 km de ancho a lo largo de las fronteras, “lo que elimina las protecciones de la propiedad privada y las tierras ancestrales, incluidas las que pertenecen a comunidades indígenas y a comunidades afrodescendientes”.
CPLI se reduce a trámites sin participación genuina
OACNUDH indica que el régimen ha declarado que se respeta el Consentimiento Libre, Previo e Informado y que existen mecanismos de coordinación con los gobiernos territoriales y las autoridades regionales.
Sin embargo, señala que el Alto Comisionado recibió informes que indican que aproximadamente la mitad de 81 concesiones mineras otorgadas entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026, afectan a las regiones autónomas del Caribe, donde residen la mayoría de los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes.
En ese sentido, el informe indica que las denuncias recabadas refieren que “los procesos de consulta se han reducido a trámites meramente formales que carecen de transparencia, adecuación cultural, participación genuina o mecanismos de rendición de cuentas”.
El Alto Comisionado también destacó que durante el período sobre el que se informa, no se registraron progresos en la expulsión de los colonos no indígenas de los territorios indígenas.
Asimismo advierte que “las actividades extractivas, la tala y la ganadería se han expandido a partes importantes de los 23 territorios titulados, lo que pone en peligro los modos de vida tradicionales de los Pueblos Indígenas y de las personas afrodescendientes y afecta a sus derechos a la alimentación, al agua y a la vivienda”.
Otras acciones del régimen señaladas y que atentan contra los pueblos indígenas son, el nombramiento de personas no indígenas para ocupar cargos en las estructuras de autogobierno indígenas, así como la criminalización, detención arbitraria, actividades de vigilancia, amenazas y, en muchos casos, desplazamiento forzado de los líderes indígenas y los líderes afrodescendientes que expresan su desacuerdo.
Más del 20% del territorio nacional concesionado a la minería
Un informe presentado en julio de 2026, elaborado por la investigadora Carmen Corea Sánchez de Investigación Urgente, en alianza con la organización Wangki, revela información alarmante respecto a las concesiones otorgadas a la minería metálica a lo largo de los últimos 30 años en Nicaragua (desde junio de 1994 al 15 de julio de 2026).
El estudio identifica, hasta el 15 de julio de 2026, un total de 213 concesiones vigentes para minería metálica, las que abarcan más de 2.4 millones de hectáreas, equivalente al 20.4% de la superficie territorial de Nicaragua. “En términos generales, el área actualmente concesionada a la minería metálica es superior a la extensión territorial de El Salvador” asegura el documento.
Lo más alarmante es que más de la mitad de estas concesiones han sido otorgadas a empresas capital chino en los últimos tres años y medio, es decir entre 2022 y mediados de 2026.
Como resultado, según el documento, “22 empresas chinas tienen bajo su control 84 concesiones mineras con una superficie agregada superior a 1.2 millones de hectáreas, correspondiente al 10.8% de la superficie del espacio terrestre de Nicaragua”.
No obstante, el estudio advierte que creer que el problema minero se explica únicamente por la presencia del capital chino, resulta políticamente riesgoso.
Si bien China constituye el actor dominante en el escenario minero actual, no se puede hablar de una supuesta “hegemonía china”, pues el asunto está revestido de mayor complejidad, en ese sentido señala que en el negocio participan compañías de otros países y otros actores, “Canadá, Colombia, Reino Unido, Estados Unidos y actores nicaragüenses vinculados o cercanos al régimen también ocupan posiciones relevantes en el ecosistema minero”.
En conclusión, reafirma el informe, “la minería metálica en Nicaragua opera como una red compleja de actores estatales, empresariales y territoriales que negocian, se reacomodan y se benefician dentro de un mismo modelo extractivista autoritario.
Enumera además factores que se combinan para propiciar su expansión, entre otros, el precio del oro en los mercados internacionales, incentivos empresariales, la geopolítica, el autoritarismo, la opacidad institucional y el debilitamiento de derechos colectivos.
También es motivo de preocupación entre ambientalistas y defensores de derechos humanos, otro dato que revela el informe, gran parte de las concesiones otorgadas en los últimos años, han sido en áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes.
Concesiones otorgadas sin consulta a pueblos indígenas y afrodescendientes
En lo que respecta a la intervención minera en los territorios ancestrales, el informe refiere, en consonancia con el informe de OACNUDH, que los procesos de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), que mandatan para estos casos la Constitución y otras leyes, así como instrumentos jurídicos internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua, son amañados y carentes de participación genuina, por tanto tienen como resultado un proceso “vaciado de contenido sustantivo”.
“Los títulos de concesión suelen registrar algún tipo de 'consulta' o 'aval', pero esta aparece canalizada a través de Consejos Municipales, Consejos Regionales o, más recientemente, la Procuraduría para las Municipalidades” describe el informe a la vez que señala que en un contexto de control político local y regional, cancelación de fuerzas políticas indígenas, concentración de poder y represión, “estos avales no pueden asumirse como expresión autónoma de consentimiento comunitario”.
En consecuencia, concluye el estudio, el extractivismo minero se traduce en “una forma contemporánea de despojo legalizado”.
De acuerdo con el estudio, lo que debería ser la Consulta Previa, Libre e Informada, como lo mandatan las leyes e instrumentos internacionales, queda reducida a un requisito administrativo que permite presentar las concesiones como formalmente validadas, mientras desplaza la participación efectiva de comunidades, asambleas territoriales, autoridades tradicionales y pueblos potencialmente afectados.
Agresiones, cárcel, muerte y exilio
Defender el ambiente, la tierra y el territorio paradójicamente constituye un delito en Nicaragua. El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la mayoría de organizaciones de sociedad civil y entre estas, todas las que se dedicaban al trabajo ambiental.
De acuerdo con la organización ecologista Fundación del Río, más de 160 organizaciones de la sociedad civil que se dedicaban a la defensa ambiental fueron canceladas por la dictadura entre 2018 y 2023.
La mayoría de personas defensoras ambientales que trabajaban en las organizaciones clausuradas se vieron obligadas al exilio. Permanecer en el país era sinónimo de agresiones, criminalización, cárcel y hasta podría significar la muerte, sobre todo si además de defensor ambiental es indígena o afrodescendiente.
Guardabosques encarcelados por defender el territorio
A cadena perpetua fueron condenados cuatro indígenas mayangnas por defender sus territorios de colonos invasores que atacan y destruyen sus comunidades, se apropian de las parcelas y sus recursos, asesinan y obligan a comunidades enteras al desplazamiento forzado. Otros cuatro fueron condenados a 25 años de cárcel por la misma razón.
Los ocho indígenas son líderes comunitarios que además trabajaban como guardianes forestales en el territorio Mayagna Sauni As, en el Caribe norte de Nicaragua.
Se trata de Ignacio Celso Lino, Argüello Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías, los cuatro primeros, encarcelados desde 2021, y de Rodrigo Bruno Arcángel, Tony Bruno Smith, Oliver Bruno Palacios y Evertz Bruno Palacios, capturados en 2023.
Todos fueron acusados de crímenes cuya autoría no fue comprobada, tampoco se tomó en cuenta la declaración de testigos de los hechos, aún así, fueron declarados culpables y condenados a prisión. A los primeros cuatro se les acusó de perpetrar una masacre, los otros cuatro fueron culpados de los delitos de crimen organizado, portación ilegal de armas de fuego, entre otros.
“Estos casos, reflejan la criminalización de la labor de defensa de los territorios indígenas y afrodescendientes, frente a colonos que invaden y destruyen dichos territorios, y como existe una complicidad de los operadores régimen de Ortega y Murillo para perseguir a los indígenas y afrodescendientes en el país” afirma la Fundación del Río.
La organización ambientalistas ha lanzado la campaña “Voces del bosque: justicia y liberación para los guardabosques indígenas mayangnas” con la finalidad de demandar la liberación de los ocho guardabosques indígenas mayangnas, detenidos y criminalizados de forma arbitraria por el régimen Ortega Murillo. La Fundación reitera que estos han sido acusados injustamente, sometidos a tratos inhumanos y privados de libertad por defender su territorio.
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), advierte que las comunidades indígenas en Nicaragua enfrentan una dura situación debido a la invasión de colonos no indígenas. “Sus tierras han sido invadidas por bandas criminales conformadas específicamente por ex militares desmovilizados del Ejército y de la resistencia nicaragüense de la década de los 1980, con el apoyo estatal” afirma la OMCT.
Asimismo, denuncia que los guardabosques se encuentran en situación de gravedad y riesgo de sufrir daños irreparables a su integridad física y mental. De igual forma denuncia que estos, desde que llegaron al sistema penitenciario, “han estado incomunicados, por largos periodos encadenados en condiciones inhumanas y degradantes, víctimas de tortura, tratos crueles y amenazas que han derivado en agresiones físicas y sexuales”.
A inicios de octubre, la Fundación del Río aseguró que conversó con familiares de los ocho guardabosques mayangnas. "Los familiares denuncian las pésimas condiciones de reclusión en que se encuentran los privados de libertad, situación que empeora cada vez la salud de los guardabosques", afirmó la organización.
Costa Rica: la “democracia verde” amenazada
Costa Rica se ha granjeado el reconocimiento internacional de ser una nación con una “democracia verde” dada su fama de tener una sólida tradición democrática y destacar como país pionero de la conservación ambiental, al asumir la protección de sus recursos naturales como política de Estado.
De acuerdo al Ministerio del Ambiente y Energía, “Costa Rica protege cerca del 26% de su territorio nacional a través de un robusto sistema de conservación que alberga 30 parques nacionales, los cuales custodian el 6% de la biodiversidad del planeta”.
Los parques nacionales son la máxima de nueve categorías que incluyen las áreas protegidas en el país, las otras categorías son: Reservas biológicas, reservas forestales, zonas protectoras, humedales, refugios de vida silvestre, reservas marinas, áreas marinas de manejo y monumentos nacionales.
Sendas campañas publicitarias con la finalidad de atraer el turismo, proyectan ante el mundo la Costa Rica verde.
Sin embargo, ese reconocimiento se podría estar derrumbando o convirtiéndose en un espejismo, dado los cada vez más frecuentes conflictos medioambientales generados por los intereses de sectores empresariales y gubernamentales, que buscan lucrase de la tierra y sus recursos.
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, señala que “Aunque Costa Rica mantiene una imagen de 'democracia verde', los conflictos por el uso y control del territorio se han agudizado en zonas costeras, rurales y fronterizas”.
En efecto, Costa Rica atraviesa por un contexto en el que además de estar amenazada su estabilidad política, también están en riesgo sus riquezas medioambientales, y con estas, las personas que asumen la lucha para proteger, la tierra, el agua y la biodiversidad.
La amenaza se cierne sobre el medioambiente con el surgimiento de megaproyectos energéticos, mineros, forestales y pesqueros, entre otros.
Un ejemplo es el afán por construir más centrales hidroeléctricas, lo que se reviste de mayor relevancia con un proyecto de Ley que según ambientalistas, busca privatizar el sistema eléctrico nacional.
Maleza Barrantes pertenece al movimiento ecologista Ríos Vivos, una organización surgida en 2013 en la zona sur de Costa Rica para hacerle frente a lo que ella denomina “un enjambre” de proyectos hidroeléctricos, en total 18, que amenazaban los ríos de la zona. También integra la Federación Ecologista, una plataforma que articula a las organizaciones ambientalistas a nivel nacional.
La activista ambiental confiesa que lleva “once años haciendo trabajo de defensa del territorio y de los bienes comunes” y asegura que desde el Movimiento Ríos Vivos, junto a otras organizaciones, “nos enfrentamos a estos 18 proyectos hidroeléctricos que después de una larga lucha logramos, afortunadamente, detenerlos todos”.
Sin embargo advierte que pese a ello, en la actualidad el peligro persiste y por tanto la lucha continúa, pues actualmente se debate un proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa que propone la privatización del sistema eléctrico nacional en Costa Rica. Pero además se pretende la creación de un mercado de electricidad a nivel nacional con miras a hacerlo regional.
“Un proyecto básicamente para que las empresas generadoras privadas puedan producir ilimitadamente electricidad y venderla para lucrar”, señala.
Eso ha movido, explica, al Movimiento Ríos Vivos, desde la Federación Ecologista a activarse ante la nueva amenaza, porque “consideramos que este proyecto es una amenaza para nuestros ríos, para los ecosistemas, las comunidades”. Agrega que el temor es que de aprobarse la Ley, “probablemente surgirían muchos proyectos hidroeléctricos, no solo en la zona sur, sino en todo el país”.
Dadas las dimensiones del proyecto y los inminentes impactos negativos, a las organizaciones ambientalista se han sumado diversos sectores para mostrar su rechazo. Son ahora parte del intenso debate los sectores sociales, económicos y políticos, que se han pronunciado en contra la iniciativa de ley denominada por el gobierno: Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, pero que ya se conoce popularmente con el mote de “Ley Apagón.”
El proyecto fue presentado originalmente por el Ejecutivo durante la administración de Rodrigo Chaves (2022-2026) y la administración de Laura Fernández (2026-2030), ha continuado su promoción y debate con miras a su aprobación. Sin embargo, hasta ahora ha sido ampliamente rechazada.
La diputada Sigrid Segura, del partido Frente Amplio es una de las que ha alzado la voz contra la iniciativa. La legisladora advierte que de aprobarse dicha ley, en lugar de hacer más eficiente el sistema eléctrico, como argumenta el gobierno, no es más que la ruta hacia “tarifas más altas y más apagones.”
Maleza considera imprescindible continuar la lucha contra los proyectos hidroeléctricos principalmente por el impacto ambiental y social que ocasionan en los ríos. “Los ríos son espacios sumamente importantes para nuestras comunidades, para nuestras dinámicas cotidianas” afirma.
De igual manera destaca que estos forman parte de la identidad de las comunidades que viven cerca de los ríos. “Son espacios importantes de recreación, de encuentro. También tienen un componente espiritual para muchas personas, que incluso vemos al río como un amigo” argumenta.
Advierte que, si se llegara a aprobar la iniciativa de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, esta traería consigo la instalación de más plantas hidroeléctricas en el país, y por tanto, “perderíamos muchos más ríos de los que ya hemos perdido a causa de esos proyectos”.
Principal fuente de generación de energía en Costa Rica
La energía hidroeléctrica es la principal fuente de generación de electricidad en Costa Rica. Según el Banco Mundial esta fuente de energía renovable aporta más del 70% de la matriz energética nacional.
Actualmente el país cuenta con la planta hidroeléctrica más grande de Centroamérica, se trata de Reventazón, ubicada en Siquirres, provincia de Limón, con una capacidad de 305.5 Megavatios (MW) para abastecer a más de medio millón de hogares.
Reventazón fue inaugurada en septiembre de 2016, diez años después, según información divulgada por el ICE, la mega planta superó el valor de la inversión constructiva. “La Planta Hidroeléctrica Reventazón cumple 10 años de operación demostrando rentabilidad pública: con $1.553 millones generados en electricidad limpia, superó su inversión constructiva de $1.400 millones” refiere la institución.
De igual forma el ICE asegura que dicha planta hidroeléctrica alcanzó una producción récord en 2025, la que fue calificada como “la mayor producción anual desde su entrada en operación en 2016”.
Sin embargo, el diario La Nación, citando documentos internos del ICE afirma que “La hidroeléctrica Reventazón detendrá su operación al menos ocho meses a partir de octubre del 2026”. La razón, según el medio, es que las turbinas serán sometidas a mantenimiento mayor, lo que podría generar un déficit de energía, sobre todo en los primeros meses de 2027 por ser una época seca.
Los daños ambientales y sociales de la energía hidroeléctrica
Los principales daños ambientales de una planta hidroeléctrica incluyen la alteración de los ecosistemas acuáticos y terrestres, la pérdida de biodiversidad, así como cambios en la calidad del agua por acumulación de sedimentos, produciendo efectos negativos sobre la vida acuática y de las comunidades aledañas.
De acuerdo a la plataforma SceinceDirect, si bien la energía hidroeléctrica constituye un elemento fundamental del sistema energético mundial, también junto a sus ventajas, presenta diversas desventajas, principalmente relacionadas con su impacto en el medio ambiente.
La energía hidroeléctrica pese a ser renovable y sostenible a largo plazo, dado que depende del ciclo natural del agua, no deja de tener sus impactos tanto ambientales, sociales y culturales.
El portal Global BioEnergy señala que la construcción de las represas hidroeléctricas puede producir severos cambios ambientales. “Grandes extensiones de terreno, incluyendo bosques y hábitats de vida silvestre, suelen inundarse para crear embalses” advierte la plataforma especializada en la conservación ambiental, la ecología, las energías renovables y el desarrollo sostenible.
De igual forma, señala que las inundaciones que se producen destruyen ecosistemas y obliga a los animales a desplazarse. “La alteración del flujo natural del agua también puede afectar la migración de los peces y perturbar la vida acuática, lo que conlleva una pérdida de biodiversidad”.
En lo que respecta al impacto social y cultural, el portal resalta que los proyectos hidroeléctricos al requerir grandes extensiones de terreno, puede provocar el desplazamiento de comunidades enteras. “Muchas personas, sobre todo en zonas rurales e indígenas, se ven obligadas a abandonar sus hogares”, señala a la vez que advierte que aunque estas sean compensadas, el reasentamiento puede alterar la vida, las tradiciones y las economías locales, generando dificultades sociales y económicas.
Por otro lado, al ser una energía que depende de los flujos de agua, esta puede verse afectada por las sequías y el cambio climático. “Si disminuyen las precipitaciones o se secan los ríos, las centrales hidroeléctricas producen menos electricidad” indica Global BioEnergy.
También advierte del riesgo de fallas catastróficas. En ese sentido refiere que “las represas se construyen para ser resistentes, pero no son indestructibles” y eventos como terremotos, luvias torrenciales o fallas estructurales pueden provocar su colapso. “Cuando esto sucede, pueden producirse inundaciones masivas que destruyen comunidades, tierras de cultivo e infraestructura aguas abajo” lo que también pueda causar miles de muertes como ya ha ocurrido en el pasado.
El espectro de la minería y la estigmatización de quienes se oponen
El conflicto que está generando la iniciativa de Ley que busca privatizar el sistema energético en Costa Rica, no es la única problemática ambiental que enfrenta actualmente el país. En la palestra hay otro que causa gran preocupación dadas las dimensiones del daño ambiental que produce.
La minería ilegal está en efervescencia en Costa Rica desde hace varios años, y para colmo hay un proyecto de ley que pretende legalizarla para abrir las puertas a la explotación a niveles industriales a compañías transnacionales.
“Ahorita desde el gobierno hay una fuerte campaña y hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que pretende legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas, en San Carlos” afirma Maleza.
Como si no fuera suficiente, lamenta la joven activista, desde distintos grupos de poder se está usando un discurso que estigmatiza y criminaliza al movimiento ecologista y a las personas que lo integran. Inclusive se está llegando al extremo de usar calificativos como “ecoterroristas” denuncia la defensora ambiental.
“Básicamente manejan un discurso en el que los ecologistas somos los culpables del desastre que existe actualmente en la zona, en donde, aunque no está legalizada la minería a cielo abierto, pues sí hay minería artesanal, ilegal, y pues igualmente ha habido desde deforestación, hasta contaminación de cuerpos de agua por mercurio” advierte.
Maleza considera que lo más grave es que se use ese discurso incriminatorio contra los movimientos ambientalistas como argumento para posicionar la legalización de la minería a cielo abierto como la solución.
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, reafirma lo planteado por Maleza: “El discurso dominante traslada la atención del problema estructural —la sobreexplotación de los bienes naturales— hacia las personas que lo denuncian, presentándolas como obstáculos, radicales o enemigos del desarrollo nacional”.
Lo que agudiza el problema según el Observatorio, es que esa narrativa, genera una falsa polarización al ir posicionando a las personas defensoras, ante grupos vulnerables, como personas que están en contra del desarrollo, en contra de los agricultores o de las comunidades, lo que a la vez crea una distorsión del conflicto.
“La retórica del “ambientalista enemigo” sirve para dividir a quienes comparten condiciones de vulnerabilidad, enfrentando a comunidades pesqueras, agrícolas o rurales entre sí, mientras los verdaderos beneficiarios —los grandes intereses extractivos, turísticos o industriales— se mantienen fuera del foco público” advierte el Observatorio.
El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR señala que “la estigmatización es el primer peldaño de una escalera que puede escalar hacia la criminalización, el hostigamiento o la violencia física. En la misma vía advierte que los discursos que deslegitiman la defensa ambiental generan condiciones para ataques más severos, porque “se convierten en permisos simbólicos para dañar”.
Ambientalistas criminalizados en la democracia verde
El sociólogo Alejandro Alvarado, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR, afirma en un artículo publicado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), que “la criminalización, y particularmente, la judicialización de la protesta ha sido un recurso usado por los actores estatales y no-estatales como una forma de obstruir la labor de las personas defensoras ambientales”.
El autor citado destaca que, en el caso de Crucitas, la institucionalidad legal se mostró como una herramienta de “doble filo” para los sectores antimineros.
En ese sentido, explica que, si bien fue precisamente una resolución judicial la que desembocó en la cancelación de la concesión a la empresa Infinito Gold, también fue una instancia de este tipo la que permitió a dicha empresa tomar medidas tanto contra ambientalistas, como contra el Estado, mediante la interposición de demandas judiciales.
En efecto, en los reportes periodísticos sobre el conflicto del proyecto minero Crucitas documentan que al menos cinco personas debieron enfrentar denuncias por difamación interpuestas en su contra por la empresa minera.
Al respecto Alvarado advierte que “en Costa Rica, la interposición de este tipo de acciones contra personas que participan en procesos de resistencia comunitaria ha resultado una práctica habitual en un entorno político-institucional que no cuenta con mecanismos suficientes para la protección de la labor de defensa de los derechos humanos”.
El Centro de Investigación y Estudios Políticos advierte que la judicialización de la protesta y, particularmente, la interposición de demandas contra personas defensoras, “se confirma como un mecanismo pernicioso que pretende tanto deslegitimar como intimidar e inhibir a las personas de participar en luchas sociales ante el peligro de procesos judiciales para los cuales no siempre cuentan con los recursos necesarios”.
El caso de persecución política más extenso de Costa Rica
El tema de la criminalización de defensores ambientales y otras personas que luchan por diferentes derechos y causas sociales no es tan reciente en Costa Rica.
Maleza recuerda el proceso judicial que enfrentó su tío Orlando Barrantes, un férreo defensor del ambiente y abanderado de las luchas sociales y políticas de diversos sectores, entre otros, transportistas, agricultores, campesinos, mujeres y pescadores.
“Él ha sido un luchador social toda su vida y tuvo un caso de persecución política por parte del Estado de Costa Rica. Intentaron durante 22 años meterlo a la cárcel, básicamente, por su labor como luchador social” refiere Maleza.
Los acontecimientos que originaron la criminalización de Barrantes, se remontan a diciembre de 2020, cuando se realizaron protestas en diferentes puntos de la provincia de Limón en el Caribe costarricense, principalmente en Guápiles.
A las protestas se integraron campesinos, transportistas, extrabajadores bananeros y de los cultivos de piña afectados por el agrotóxico Nemagón, entre otros sectores. Las manifestaciones se tornaron violentas. Varios agentes policiales fueron retenidos por los manifestantes.
Barrantes fue acusado por la Fiscalía de organizar disturbios y de ordenar la retención de oficiales de policía, acusaciones que conllevaron más de dos décadas de procesos judiciales. A criterio de especialistas en derecho, el caso de Barrantes es el juicio político más largo de la historia de Costa Rica.
“Fue un caso muy doloroso para nuestra familia, especialmente porque fueron 22 años en que mi tío y nuestra familia tuvieron que estar enfrentando un proceso judicial sumamente desgastante e injusto, porque le perseguían por su labor de luchador social” reitera Maleza.
La joven ecologista asevera que su tío siempre ha apoyado la lucha de diferentes grupos de poblaciones vulnerables, "acompañó a grupos sindicales, grupos indígenas, en diferentes luchas", afirma.
Pero el caso que le costó acusaciones judiciales fue el apoyo a trabajadores de diversos sectores productivos que se levantaron en protestas por una serie de circunstancias que convergieron: Acuerdos gubernamentales incumplidos, pérdidas de pequeños agricultores que solicitaban auxilio financiero y demanda de atención médica y compensaciones por parte de trabajadores bananeros, por las secuelas a su salud derivadas de la exposición al agroquímico Nemagón, fueron solo algunas de estas.
No fue sino hasta el 27 de octubre de 2022, y después de ocho procesos judiciales, que Orlando Barrantes fue absuelto de manera definitiva de toda pena y responsabilidad.
La encrucijada de Crucitas
Para retomar el caso del proyecto minero en Crucitas, es pertinente remontarse al origen del conflicto socioambiental, analizar cómo este ha evolucionado y el estado en que se encuentra actualmente.
De acuerdo a reportes periodísticos e informes de movimientos ambientalistas e instituciones estatales pertinentes, el problema de la minería en Cutris, el distrito fronterizo perteneciente al cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, donde se encuentra la mina Crucitas, data de la década de los noventa.
Un estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos reseña que el conflicto en torno a la minería en Crucitas, surge a mediados de los noventa, luego que compañías mineras transnacionales mostraron interés por el otro en la zona. “Pero la resistencia de la comunidad y de sectores ambientalistas consiguió frenar cualquier proyecto en este sentido” indica la publicación.
No obstante, el conflicto tomó mayor relevancia entre 2008 y 2010, con la llegada de la transnacional minera de capital canadiense Infinito Gold, y sus pretensiones de instalar un proyecto minero a cielo abierto para extraer oro.
Según los registros, Infinito Gold, presentó la solicitud de concesión ante la Dirección de Geología y Minas de Costa Rica en diciembre de 1999 la que le fue concedida dos años después, el 17 de diciembre de 2001. La oposición de sectores comunitarios y ambientalistas se intensificó.
En junio de 2002 el gobierno del presidente Abel Pacheco (2002-2006), mediante Decreto Ejecutivo, declaró una moratoria nacional para la minería metálica a cielo abierto, misma que fue revertida, en junio de 2008, por el siguiente gobierno (Oscar Arias 2006-2010), cuya administración promovió, además de la minería, el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y de exploración petrolera, entre otros, lo que intensificó la lucha socioambiental en el país.
La administración Arias favoreció a la minera canadiense declarando de interés público el proyecto minero Crucitas, abriendo nuevamente las puertas a la instalación del proyecto a cielo abierto.
Sin embargo, luego de una férrea oposición de defensores ambientales que conllevó un proceso judicial, se logró, en noviembre de 2010, que se declara la nulidad del proyecto minero y se ordenara su cierre inmediato.
La compañía extractivista reaccionó interponiendo demandas judiciales, las que incluían acusaciones contra ambientalistas. Cinco personas defensoras ambientales fueron judicializadas bajo acusaciones de difamación contra la minera.
En 2014, la Infinito Gold interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una demanda contra el Estado costarricense en la que exigía una indemnización por 394 millones de dólares, sin embargo el fallo, emitido en julio de 2024, fue a favor de Costa Rica.
Tras el fin de la querella judicial, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves emitió un comunicado en el que informaba que el MINAE emprendería acciones para proteger el oro de Crucitas y que buscaría como “aprovecharlo responsablemente” para el beneficio del país.”
Queda claro que el espectro de la minería pulula por los corrillos del poder. La idea de que la minería a cielo abierto regrese mediante la aprobación de una nueva ley, está tentando a políticos y a empresarios que cabildean por su promulgación. Ahí el movimiento ambientalistas tiene mucha tiene mucha tela que cortar.
Cancelación de concesión allanó el camino a la minería ilegal
Cuando el gobierno otorgó la concesión a Infinito Gold para la exploración minera en Crucitas, la compañía canadiense, a través de su filial Industrias Infinito S.A., inició los trabajos de exploración con movimientos de tierra para instalar la infraestructura para la extracción del oro. Sin embargo, los trabajos se suspendieron tras ser cancelada la concesión.
El estado en que quedó parte del área tras ser intervenida con maquinaria, dejó las condiciones propicias para la práctica de la minería artesanal.
La zona atrajo a cientos de “coligalleros”, apelativo con el que se conoce en Costa Rica a los mineros artesanales. Desde entonces la invasión ilegal no ha dejado de crecer, lo que está provocando severos daños ambientales incluyendo la contaminación de fuentes acuíferas.
Un paso positivo contra delitos ambientales
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este 5 de octubre de 2026, en segundo debate, una iniciativa de reforma de varias leyes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en materia de delitos ambientales.
La normativa denominada Expediente 23952, según el mismo texto de la iniciativa, tiene como objetivo dotar la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público y a las demás autoridades encargadas de perseguir los delitos ambientales cometidos en el país de las herramientas jurídicas necesarias para investigar estas conductas ilícitas cuando son cometidas por redes de crimen organizado.
Las leyes reformadas son la Ley N.º 7317, Ley de Conservación de la Vida Silvestre; la Ley N.º 8436, Ley de Pesca y Acuicultura; la Ley N.º 8325, Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas; la Ley N.º 7575, Ley Forestal; y la Ley N.º 6797, Código de Minería.
Los artículos reformados de las leyes sometidas a enmiendas, está referidos a delitos ambientales que antes de la reforma no estaban tipificados como delitos graves y por tanto eran sancionados con penas menores. Las reformas hacen énfasis en el aumento de las sanciones en lo que respecta principalmente a la privación de libertad.
En la exposición de motivos del proyecto de ley, se argumenta que “la realidad de la legislación ambiental costarricense es que la gran mayoría de los delitos ambientales no se consideran delitos graves, lo que genera una imposibilidad de aplicar a estos delitos las herramientas existentes en el ordenamiento jurídico para perseguir la delincuencia organizada”.
Según el documento, al revisar la legislación ambiental que tipifica los delitos ambientales, se constató que la mayoría de los delitos tipificados en dicha legislación (más del 95% de los casos) se sancionaban con el pago de multas o con penas de cárcel cuyo extremo superior es igual o menor a tres años.
Asimismo, se argumenta que, según la Ley contra la Delincuencia Organizada, (Ley Nº 8754), debe considerarse, para todo el sistema penal, que un “delito grave es el que dentro de su rango de penas pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más.”
Minería ilegal: penas se extienden hasta ocho años de cárcel
La actividad minera ilegal cuya práctica esta provocando severos daños ambientales en Crucitas, ha quedado, en las reformas al Código de Minería (Ley 6797), penalizada con prisión de hasta ocho años.
El articulo 139 (reformado) en dicha Ley estatuye que: “Se impondrá prisión de dos a ocho años, a quien desarrolle actividades mineras de reconocimiento, exploración, extracción o explotación en cualquier área que corresponda a patrimonio natural del Estado, ya sea un parque nacional, una reserva biológica u otra área silvestre protegida.” Asimismo, agrega que se impondrá la misma pena a quien comercialice en el país o hacia el exterior, minerales extraídos ilegalmente.
Antes de la enmienda, dicho artículo establecía que se impondría prisión de tres meses a cinco años a quien desarrolle las actividades mineras descritas.
El artículo 140 y 141 también fueron reformados. El 140 establece hasta seis años de cárcel a quienes promuevan, financien, administren, organicen, faciliten, dirija u obtenga beneficio, para sí o para terceros, de actividades mineras ilegales, sin contar con el debido permiso o concesión.
El 141 establece la misma pena a quienes desarrollen actividades mineras sin permiso o concesión en otras zonas, aunque estas no formen parte de las áreas protegidas.
Si bien las reformas han sido aprobadas en el Poder Legislativo, quedan a la espera de la firma del Ejecutivo para su entrada en vigencia.
Panamá: defensores contra el sistema
Lo que se vive en Panamá en materia de conflictos ambientales, es una suerte de mundo al revés, donde los ratones pretenden cazar a los gatos.
En Panamá la lucha por la protección ambiental es vigilada desde las esferas del poder político y económico, poderes que, como en los demás países de la región, utilizan el sistema de justicia con la intención de frenar, mediante intimidaciones disfrazadas de legalidad, el accionar de las organizaciones y personas defensoras.
Los intereses económicos se ciernen sobre los bosques, los yacimientos mineros, petroleros, y sobre los recursos acuíferos. Las personas y organizaciones que defienden el ambiente constituyen un obstáculo para quienes buscan lucrarse con los recursos de la naturaleza, por eso su lucha es criminalizada.
Los movimientos ambientalistas no se quedan de brazos cruzados ante los zarpazos judiciales lanzados por quienes se confabulan en detrimento del ambiente.
Uno de los casos más recientes que ilustran lo anterior, es la reacción de un colectivo de organizaciones ambientalistas ante las acusaciones judiciales hechas por un grupo de inversionistas, contra dos organizaciones que se oponen a la construcción de un puerto en la provincia de Chiriquí.
En noviembre de 2025 las organizaciones ambientalistas que integran el Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), junto a más de 60 organizaciones de sociedad civil entre comunitarias, científicas, sociales y ambientales aliadas, suscribieron un comunicado en el que rechazan “el uso del sistema judicial panameño y las campañas de desprestigio como parte de una estrategia de hostigamiento y persecución orquestada por grupos económicos que desarrollan proyectos que ponen en riesgo el patrimonio natural de Panamá”.
El pronunciamiento conjunto es emitido en el contexto de la presentación de dos querellas judiciales contra las organizaciones Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) y Adopta Bosque, por denunciar, mediante una campaña y con evidencia científica independiente, los impactos ambientales que generará la construcción de Puerto Barú, un proyecto multipropósito de un grupo de inversionistas, que incluye la habilitación de tanques para aceite de palma, diésel, gasolina y combustibles para aviones, además de una zona turística y un complejo residencial.
Lo grave del asunto es que el proyecto Puerto Barú abarca una zona de manglares que además es un área protegida. El proyecto se ubica a 20 km de la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí.
“Los desarrolladores del proyecto han decidido emprender acciones legales para silenciar a los activistas de la campaña” señala el comunicado de las organizaciones.
Asimismo agregan que “se trata de una acción legal cuyo propósito es utilizar el sistema judicial para intimidar y hostigar a las personas y organizaciones protectoras de derechos humanos”. Las organizaciones advierten que con estos recursos legales se busca coartar el derecho legítimo de los defensores de la naturaleza de proteger el ambiente y la salud pública.
En el comunicado las organizaciones suscriptoras exhortan al Ministerio Público que, apegándose al rigor de la Ley, desestime las querellas infundadas y proteja el espacio cívico.
Asimismo, exigen a las autoridades “cumplir con su deber de garantizar un entorno propicio para la labor de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, conforme al Acuerdo de Escazú, ratificado por la Asamblea Nacional de Diputados mediante la Ley 125 del 4 de febrero de 2020”.
Daño irreversible al medio ambiente. Un grupo de organizaciones ambientalistas, ha puesto en marcha la campaña “No a Puerto Barú”, en la que se advierte que su construcción amenaza un ecosistema natural de gran valor para Panamá y el planeta. “El proyecto requerirá dragar partes del canal de navegación para alcanzar una profundidad de hasta 12 metros. Se estima que se removerán 9 millones m³ (un volumen equivalente a 600,000 camiones volquetes de sedimentos) del lecho marino durante la etapa de construcción y 800,000 m³ cada dos años” señalan las organizaciones.
A la defensa de Cerro Colorado, un yacimiento mineral bajo amenaza
Cerro Colorado es otro factor de conflictos ambientales. Se trata de una extensa área montañosa que en sus entrañas alberga un yacimiento cuprífero, que según estudios, contiene una de las mayores reservas de cobre del mundo (más de 1,400 millones de toneladas), su riqueza también incluye oro y otros minerales, lo que le ha puesto en la mira de ambiciosos proyectos extractivos.
A lo largo de las últimas décadas varios gobiernos no han ocultado la intención de entregarlo en concesión a transnacionales mineras para su explotación.
Esta riqueza natural se ubica dentro de la comarca Ngäbe-Buglé, albergue de las poblaciones indígenas más importantes de Panamá. En Cerro Colorado también nacen los ríos que abastecen de agua a estas poblaciones.
Por ello la férrea oposición indígena a cualquier intento de intervención exógena, brota de ipso facto y sin reservas, así se trate solo de un rumor o mal entendido, como aparentemente ocurrió en septiembre pasado.
A mediados de septiembre circuló información extraoficial referida a una posible negociación del gobierno con una compañía extractiva, sobre la posibilidad de concesionar el Cerro Colorado para la extracción de cobre.
Los rumores activaron las alarmas, de movimientos ambientalistas, pero principalmente del pueblo indígena Ngäbe-Buglé. El liderazgo indígena y sus organizaciones de inmediato anunciaron jornadas de protestas ante la eventual amenaza.
El pueblo Ngäbe-Buglé sabe que está en juego su supervivencia y la de sus futuras generaciones, debido al peligro ambiental latente que se cierne sobre los ecosistemas y fuentes hídricas de Cerro Colorado.
El presidente José Raúl Mulino reaccionó al anuncio y aclaró que no existe ningún tipo de proyecto minero en Cerro Colorado. “He visto unas agrupaciones indígenas protestando por un proyecto minero en Cerro Colorado. ¡Absolutamente falso! No hay nada sobre este tema” escribió el mandatario en su cuenta de X el 20 de septiembre.
El mismo día, durante una reunión con autoridades de la comarca Ngäbe Buglé, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reiteró que no existe ningún interés del Gobierno en Cerro Colorado. Pese a ello, dirigentes indígenas, han manifestado que no bajarán la guardia.
El 25 de septiembre, el portal de noticias Panamá América, informaba que pese a las declaraciones oficiales sobre la ausencia de interés en la explotación del yacimiento, “el tema no ha sido considerado cerrado por diversos sectores de la comarca, que reclaman mantenerse informados y participar en cualquier discusión que pueda tener repercusiones sobre sus territorios”.
El medio cita al dirigente indígena Desiderio Santos quien declaró que la población de Ngäbe-Buglé, permanece atenta a cualquier movimiento o anuncio relacionado con Cerro Colorado, debido a los antecedentes que existen en torno al proyecto minero y a la importancia que tienen los territorios y recursos naturales para las comunidades indígenas.
Minería prohibida por Ley en todo el territorio nacional
Cabe destacar que actualmente existen dos leyes que prohíben las concesiones mineras dentro de la comarca Ngäbe Buglé donde se ubica Cerro Colorado.
La Ley 11 de 2012, establece un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en dicha comarca.
La normativa establece en su artículo 3 que: “Se prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación y extracción de minería metálica, no metálica y sus derivados en la comarca Ngäbe Buglé, sus áreas anexas y las comunidades ngäbe buglé adyacentes a estas, por cualquiera persona natural o jurídica de carácter público o privado, nacional o extranjera”.
Por su parte, la Ley 407, de más reciente data (2023), establece una moratoria de plazo indefinido, al otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional.
Pese a la prohibición de la minería, el debate alrededor de la misma ha revivido, dado que el actual gobierno, encabezado por José Raúl Mulino, ha manifestado la intención de reactivarla.
Una lucha que se transfiere de generación en generación
Conversamos con Arnold Becker, un joven indígena de la comunidad Ngäbe Buglé, quien en los últimos años se ha dedicado a la defensa del territorio, la tierra y sus recursos.
“Soy un defensor, un activista ambiental, lo aprendí con mi abuelo desde muy pequeño, siempre me enseñó a cuidar lo que es el tema de los recursos naturales” confiesa Arnold.
Afirma que una de las mayores riquezas de la población Ngäbe Buglé es precisamente el Cerro Colorado, no solo por el yacimiento sino porque también posee otros minerales, por lo que ha sido ambicionado durante décadas por diferentes gobiernos y mineras trasnacionales. Según el joven activista, hasta ahora Cerro Colorado no ha sido explotado por la férrea defensa que ha librado la población Ngäbe Buglé a lo largo de los años.
“Es una mina, una reserva muy grande, y ha habido luchas sociales, nuestros ancestros han dado la vida por ella” asegura.
Recuerda que durante el gobierno de Martín Torrijos se quiso crear una ley para extraer oro de ese territorio, “pero la mayoría de la población Ngäbe salió a protestar, y entonces el gobierno no pudo contra nosotros, o sea, la ley fue anulada, y no se hizo absolutamente nada, no se dio ninguna concesión”.
Arnold asegura que su pueblo sigue luchando porque el gobierno siempre ha tenido la mirada puesta en la comarca, “porque no solamente es el tema de la minería, sino también tenemos otros recursos naturales, como en la costa caribeña y en otro territorio, Cusapín, Santa Catalina, que es rica en petróleo” señala.
Confiesa que existe temor y desconfianza porque el Estado en cualquier momento puede cambiar las reglas del juego, “eso es lo que nos ha llevado a nosotros los defensores, siempre a luchar y estar vigilantes de lo que vaya a decidir el gobierno” afirma.
En ese sentido opina que un gobierno, por proteger sus intereses y los de los empresarios, puede ser capaz incluso, con amaños, hacer caso omiso a una respuesta negativa conseguida a través de una Consulta Libre Previa e Informada, y una situación así, asegura, “nos lleva a salir a protestar”, como ocurrió cuando en octubre de 2023, se dieron una serie de manifestaciones masivas conta la minería, luego que el gobierno de Laurentino Cortizo. renovara el permiso para le explotación de cobre a la minera canadiense First Quantum Minerals.
Las manifestaciones, según consta en reportes periodísticos, fueron multitudinarias Iniciaron en ciudad de Panamá y se extendieron por las principales ciudades del país, e incluyeron cierre de vías, marchas y paros. A la lucha antiminera se sumaron diversos sectores sociales; trabajadores de la construcción, docentes, médicos, estudiantes universitarios y comunidades indígenas, entre otros.
Producto de la presión social, se aprobó una Ley que declaró una moratoria minera indefinida, misma que está vigente hasta la fecha. La normativa además de prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones, prohibía la renovación de concesiones vencidas.
Arnold recuerda que la población Ngäbe Buglé se sumó a las protestas. “Exactamente (la mina cuya concesión sería renovado) no era en nuestro territorio (…), pero lo que hicimos fue respaldar, tener esa posición fuerte de que somos un pueblo indígena, y que independientemente que no estemos en el territorio, pero defendemos también los recursos naturales a nivel nacional” afirma el joven activista indígena.
“Mi abuelo fue llevado preso por invitar a protestar”
Toribio García es un reconocido líder indígena del pueblo Ngäbe buglé. Es el abuelo de Arnold, y estuvo preso por convocar a través de un video en redes sociales a las comunidades indígenas, defensores y población en general, a unirse a las protestas que se desarrollaban desde marzo de 2025 en Panamá.
Las protestas estallaron tras la aprobación de la Ley 462, que reformó la Seguridad Social, pero casi de inmediato se sumaron otras causas: el rechazo a pretensiones extractivistas, la defensa de la tierra y sus recursos, y los acuerdos en materia de seguridad suscritos con Estados Unidos, que según los manifestantes comprometían la soberanía nacional.
“A mi abuelo en redes sociales le seguían miles de personas, casi 100,000 seguidores. Entonces lo que hizo fue grabar un video invitando a salir a protestar, a defender pacíficamente en todos los territorios del país, desde Bocas del Toro, hasta Darién (…) Eso fue lo que le molestó al gobierno” relata Arnold.
También lo hizo en con la gente de su territorio. “Mi abuelo, que es el líder máximo, que representa a la comunidad indígena, justamente había convocado a un grupo de indígenas de mi territorio a que fuéramos a protestar pacíficamente, cerrando vías, haciendo la protesta pacífica” cuenta el joven activista.
Tras el llamado, comunitarios se unieron a los demás sectores y salieron a las calles. “llegó un momento en que tuvimos que cerrar las vías, la Panamericana, una de las vías principales en el país” confiesa Arnold.
El joven defensor ambiental recuerda que tras el bloqueo de la Panamericana, el gobierno convocó a una conferencia de prensa, en la que su abuelo fue acusado de terrorista. “El gobierno lo que hizo fue intimidar a nuestra familia al decir en una conferencia de prensa, que mi abuelo era uno de los terroristas del país, que estaba afectando el bloqueo del libre tránsito y derecho a los panameños.”
Arnold relata que cerca de la medianoche del 13 de junio, llegaron elementos antimotines de fuerzas especiales de la Policía Nacional a llevarse a su abuelo, “lo trataron como que fuera un terrorista” afirma.
“Esa misma noche mi abuelo fue trasladado a un centro penitenciario en Chiriquí, tratándolo como de delincuente” asevera.
El joven activista refiere que para la familia fue algo muy complicado porque fueron amenazados con despojarlos de pertenencias si se atrevían a hablar, “no podíamos hablar, tampoco podíamos publicar nada en redes sociales porque nos amenazaron. Nos decían que si hablábamos nos bloqueaban nuestras cuentas bancarias y nos quitaban los celulares”.
Recuerda que esa noche a su abuelo le quitaron su celular. “No podíamos publicar absolutamente nada. Nadie, ni los otros defensores en el territorio nacional, sabían que mi abuelo había sido aprehendido esa noche”.
Arnold asegura que fue hasta dos días después de la detención de su abuelo, que lograron conectarse a internet mediante otros dispositivos y así pudieron comunicar a otros líderes ambientales e indígenas que Toribio García había sido capturado en su territorio por la Policía. Afirma que, dado que estaban bajo amenazas, también “tuvimos que crear otras redes, otras plataformas donde podíamos comunicarnos”.
Tras divulgarse la noticia de la detención, se activaron las alarmas y al cuarto día, “todos nos fuimos al Ministerio Público de Chiriquí a protestar para que nos devolviera el abuelo, porque no había un delito y su detención era algo ilegal” relata Arnold. Asegura que “éramos como 15 personas. De ahí se fueron sumando poco a poco hasta llegar a 120 personas”.
Pesa a que Toribio García finalmente fue absuelto a inicios de 2026, Arnold asegura que aun tiene prohibido usar redes sociales.
La resistencia del poder frente al Acuerdo de Escazú
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, se constituye como el primer tratado ambiental de la región, y el primero en el mundo, en incluir normas específicas para proteger a personas defensoras del ambiente y de los derechos humanos de poblaciones vulnerables que son afectadas por el extractivismo, la violencia y la exclusión.
Fue adoptado en marzo de 2018 por 24 países de América Latina y el Caribe y posteriormente ratificado por 19 países. Sin embargo 8 años después de su adopción varios países se han resistido a ratificarlo, entre estos Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador, los dos últimos ni siquiera lo han firmado.
El informe “Avances, retrocesos y desafíos en la implementación del Acuerdo de Escazú” coordinado por Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF) y elaborado conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil de toda América Latina, afirma que el Acuerdo de Escazú, es el primer tratado internacional que vincula explícitamente los derechos humanos con la justicia ambiental.
El informe reconoce que Acuerdo representa un avance histórico en materia de derechos ambientales y protección de personas defensoras, pero lamenta que su implementación en la región avanza de forma desigual y muchas veces sin los recursos ni la voluntad política necesarios.
El artículo 9 del Acuerdo establece que los Estados adheridos a dicho tratado, tienen la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas y organizaciones defensoras puedan ejercer su labor sin temor. También llama a los Estados a tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, “incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente”.
De igual forma establece que cada parte (Estado) Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el Acuerdo.
De acuerdo a expertos en derecho ambiental, entre las principales razones por las que varios países se resisten a ratificar el Acuerdo, están el temor a enfrentar mayores restricciones en materia de explotación minera y otras industrias extractivas, dado que para muchos gobiernos la la inversión en minería, petróleo o energía, son prioridades que deben tener los menores obstáculos posibles para su ejecución.
Otro factor es la negativa a enfrentar la participación ciudadana de manera amplia y decisiva, dado que el Acuerdo promueve que la población pueda intervenir de manera informada en decisiones ambientales, incluidas las relacionadas con megaproyectos.
Diversos sectores coindicen en que los gobiernos temen a los mecanismos que promueven y garantizan la justicia ambiental, porque estos facilitan que ciudadanos y organizaciones se opongan con respaldo legal a decisiones administrativas, denuncien daños o exijan que se cumpla la legislación. También se resisten a ratificarlo porque cuestiona su accionar en relación a la protección de las organizaciones y personas defensoras de la tierra, el agua y los derechos de las poblaciones vulnerables.
No obstante, la lucha ambiental seguirá siendo una causa, las personas defensoras ambientales han reafirmado su compromiso, y seguirán defendiendo la tierra y sus recursos, aún desde el exilio, como ocurre en el caso de Nicaragua.
