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El Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria considera que Miguel y Lucía deben ser indemnizados como parte de las reparaciones que el Estado les debe brindar
 
                     
                                     
                                     
                                     
                         
                        
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
            