En la intersección de la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de justicia social, la descolonización del pensamiento surge como una fuerza transformadora capaz de redefinir las bases de la democracia moderna. En Nicaragua, el pensamiento colonial persiste como una sombra que distorsiona la comprensión y promueve la exclusión de las minorías étnicas.

A lo largo de nuestra historia, ha predominado la narrativa y práctica de la cultura nacional dominante. Jeffrey L. Gould, en su libro El mito de "la Nicaragua mestiza" y la resistencia indígena, 1880-1980, describe cómo este mito ha configurado nuestra percepción del nicaragüense como una persona mestiza, ni muy morena ni muy blanca, católica y hablante del castellano. Esta visión omite la rica diversidad étnica del país, marginando las voces de los pueblos originarios y normalizando prácticas que han dejado una profunda huella en las instituciones, en el sistema educativo y en el pensamiento colectivo.

Aspirar a una democracia auténtica implica reconocer y valorar la diversidad cultural, comprender que cada cultura aporta una riqueza única al tejido social. Sin embargo, alcanzar este ideal se vuelve complicado cuando las narrativas coloniales se han integrado en discursos políticos e ideológicos que han configurado una democracia que excluye y margina a quienes no se ajustan al concepto de "civilización" o "avance". Este problema se agrava cuando el Estado perpetúa estigmas y estereotipos que elevan la cultura dominante como el estándar para la aceptación y la justicia.

Un claro ejemplo de estas dinámicas sociales es el rechazo hacia lo indígena y afrodescendiente, que se manifiesta tanto en comentarios despectivos como en halagos insidiosos. Por ejemplo, se utilizan términos como "ese indígena" o "pareces indígena" como insultos, mientras que frases como "no pareces indígena" o "no sos como los demás indígenas" se emplean erróneamente como cumplidos. Además, persiste la aspiración a "mejorar la raza".

Deuda histórica con las comunidades indígenas

A nivel institucional, los no indígenas suelen ser priorizados en oportunidades y recursos, mientras que se percibe a indígenas y afrodescendientes como menos capaces. Los medios de comunicación también juegan un papel en esta dinámica, en ocasiones propagan narrativas que asocian a indígenas y afrodescendientes como una sola entidad, sugiriendo que la violencia es inherente a nuestra identidad étnica, o enfocando de manera desproporcionada la violencia interna en lugar de la violencia estatal. La sexualización de las mujeres indígenas y afrodescendientes es otro ejemplo de esta tendencia.

Desde el Estado, se presenta el desarrollo de obras públicas en comunidades originarias y afrodescendientes como un favor, y se asocia la colonización con el progreso. Además, se denigra prácticas no extractivas con términos despectivos como "boludencia" y se promueve el extractivismo como una obligación de las comunidades hacia el Estado.

En cuanto al acceso a la justicia, los pueblos indígenas del Pacífico y del Caribe, así como las poblaciones afrodescendientes, han experimentado numerosos eventos que evidencian el abandono estatal y la discriminación étnica. Los pueblos indígenas del Pacífico, Norte y Centro de Nicaragua han luchado durante décadas por el reconocimiento y respeto de su identidad. A pesar de sus esfuerzos, el Estado no solo ha negado este reconocimiento, sino que estas poblaciones siguen invisibilizadas.

Lo que no cuenta la historia oficial

En la Muskitia (Costa Caribe), eventos como la "Navidad Roja", en la que más de 60 indígenas fueron asesinados, han sido sistemáticamente omitidos o distorsionados en la historia oficial, a pesar de su profundo impacto en la resistencia indígena.

Actualmente, a pesar de la existencia de la Ley No.445, que regula la propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas en las regiones autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, y la Ley No.28, Ley de Autonomía, la violencia contra la autodeterminación en estos territorios ha aumentado significativamente.

Desde hace más de dos décadas, las comunidades han enfrentando ataques brutales por parte de grupos armados de colonos respaldados por la dictadura Ortega Murillo, que buscan despojarlos de sus recursos y desplazar a las poblaciones de sus territorios. Como resultado, desde 2013, según organizaciones indígenas independientes, más de 75 indígenas han sido asesinados, muchos han quedado discapacitados y se han producido desplazamientos forzados masivos. Esta violencia ha sido frecuentemente ignorada por el resto del país, lo que ha permitido que el abuso persista y se agrave a lo largo de los años.

Ante esta situación, las comunidades indígenas y afrodescendientes han señalado que la indiferencia y las acciones limitadas por parte del Estado son reflejo de una narrativa de discriminación racial que considera a las poblaciones originarias como una subclase. Esta percepción ha provocado una fractura en el tejido social, afectando directamente la búsqueda de justicia y exacerbando el autoritarismo político.

La normalización del extractivismo y la visión de que los problemas de estas comunidades son complejos y ajenos al resto del país se suman a este panorama. Se argumenta erróneamente que las lenguas y culturas indígenas constituyen una barrera, cuando en realidad, es el abandono y la falta de políticas públicas inclusivas.

Es importante aclarar que el pensamiento colonial, entendido como un proyecto político, no se manifiesta únicamente desde lo externo hacia los territorios, sino que también ha penetrado profundamente en las etnias y se ha manifestado en el racismo interiorizado. Aunque existen múltiples aspectos a considerar, me enfocaré en dos principales.

En primer lugar, el pensamiento colonial ha fomentado la competencia entre grupos étnicos por el poder en la región, generando indiferencia y desconfianza entre ellos. Se enseña que el principal adversario en cualquier situación de oportunidad puede ser otro integrante de la misma etnia o un hermano de la región, lo cual profundiza las divisiones internas.

En segundo lugar, aunque hoy se promueve un modelo educativo intercultural en la Muskitia, estos enfoques siguen siendo exógenos. Incluso, si las clases o documentos se traducen a las lenguas locales, no se basan en los principios y valores de los pueblos indígenas y afrodescendientes, especialmente en lo relacionado con el cuidado de la Madre Tierra. En lugar de integrar y respetar la espiritualidad y la cosmovisión indígena, estos sistemas educativos imponen enfoques que no están en armonía con la naturaleza. Además, promueven el capitalismo y el racismo interiorizado en lugar de una educación que valore y respete la diversidad cultural y el vínculo ancestral. Esto ha conducido al adoctrinamiento político, a la indiferencia de las nuevas generaciones hacia las diversas formas de colonización y los conflictos de invasión.

Un punto de inflexión que desató las diferencias históricas fue el estallido social de abril de 2018, este acontecimiento reflejó las violencias sistémicas que enfrentamos como nicaragüenses bajo un sistema autoritario y dictatorial, y generó un panorama complejo en cuanto a identidad. Las manifestaciones y la represión se centraron en la población de mayor acceso, lo que produjo un contraste significativo en la percepción pública.

Durante el estallido, se evidenció una indignación nacional; las noticias sobre la escalada de violencia contra la sociedad civil llegaban a las comunidades a través de medios nacionales y se traducían a las diversas lenguas maternas. Sin embargo, surgió confusión sobre si se trataba de una lucha colectiva o de un levantamiento específico del Pacífico.

Preguntas como: ¿Es nuestra esta lucha, si nunca hemos sido considerados plenamente nicaragüenses?, ¿El contexto es diferente ahora que el conflicto afecta a la población mestiza?, ¿Y si nos levantamos, luego nos excluyen o nos utilizan como un instrumento político? Fueron algunas de las interrogantes que surgieron en la región en medio de sentimientos de indignación, dolor y empatía. Decirlo públicamente puede ser inquietante, pero, son cuestionamientos legítimos.

Con el tiempo, la violencia ejercida por el FSLN a nivel nacional, con un enfoque interseccional, creó la necesidad de articular esfuerzos, impulsar procesos y denunciar colectivamente. Sin embargo, la incertidumbre provocada por el pensamiento colonial ante la narrativa de la construcción de una "Nueva Nicaragua" genera temor de que se repitan los errores del pasado con nuestros pueblos. Vuelven las preguntas: ¿Cómo se puede lograr una verdadera democracia si los derechos y demandas de ciertos sectores, incluidos indígenas y afrodescendientes, quedan nuevamente en espera?, ¿Qué garantiza el cumplimientos de estos derechos?

A menudo, abordar este panorama para su análisis genera rechazo, incluso entre quienes critican los abusos estatales y la corrupción. No obstante, es crucial hacerlo, especialmente considerando que el sistema y el pensamiento colonial han impactado a las poblaciones históricamente vulnerabilizadas.

En el exilio persiste el pensamiento colonial

La crisis sociopolítica de Nicaragua y la invasión de colonos en los territorios indígenas y afrodescendientes de la Muskitia han provocado criminalización, persecución, hostigamientos, asesinatos, exilio forzado y desplazamientos. Aunque todas las personas sufren el impacto de esta situación, los pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentan una marginación aún mayor una vez desplazados, con un acceso limitado a recursos y asistencia humanitaria en comparación con otras poblaciones desplazadas. La falta de atención a sus necesidades específicas, como el acceso a salud, educación y apoyo legal, agrava significativamente su vulnerabilidad.

Incluso en el exilio, el pensamiento colonial sigue siendo una barrera significativa. Los testimonios y notas periodísticas revelan que estas comunidades siguen siendo vistas como diferentes o incomprendidas. En algunos casos la presencia de poblaciones indígenas en procesos de participación no es suficiente; se requieren estrategias de inclusión real para abordar sus necesidades y derechos específicos.

En los diálogos sobre la construcción de paz, estas poblaciones a menudo quedan excluidas de las decisiones y negociaciones clave. Esta exclusión perpetúa la injusticia y no aborda adecuadamente sus realidades, evidenciando un paternalismo colonial que subestima la capacidad de autogobierno de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Una democracia auténtica debe reflejar la diversidad en todos los niveles de poder y toma de decisiones. Esto requiere asegurar la representación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en todas las esferas políticas, desde los consejos locales hasta las instituciones gubernamentales con poder de decisión.

Es imperativo abordar estas realidades en el presente. Ignorarlas o relegarlas a un segundo o tercer plano solo perpetuará los errores históricos que han conducido a la crisis del país y a la repetición de injusticias sociales. Si consideramos estas realidades como secundarias, debemos cuestionarnos si verdaderamente buscamos justicia y democracia para todes, o si solo queremos beneficiar a un sector de la población.

Redefinir la democracia implica rechazar prácticas coloniales y apoyar el derecho de las comunidades a preservar y fortalecer sus tradiciones culturales. La verdadera democracia exige no solo reconocimiento, sino también reparación, abordando injusticias históricas con políticas de compensación y medidas que promuevan la equidad social y económica.

Por tanto, desafiar el pensamiento colonial es un proceso continuo que demanda un compromiso profundo con la justicia social y la equidad. La educación crítica, la inclusión activa de todas las voces y el reconocimiento de los conocimientos ancestrales son pasos fundamentales en este camino. Al desmantelar los mitos coloniales y construir una democracia que respete y celebre la diversidad, podemos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa en Nicaragua.