Familiares de personas presas políticas que no fueron excarceladas pidieron a la comunidad internacional, a los organismos de Derechos Humanos y a los gobiernos amigos del pueblo de Nicaragua que les apoyen para que sean puestas en libertad.
Corte IDH requirió al Estado de Nicaragua liberar a Jaime Navarrete
El mismo día que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló y desterró a 222 personas a quienes mantenía bajo privación de libertad por razones políticas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, decidió “acumular el trámite de los Asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros y 45 personas privadas de su libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua” y requirió al Estado proceder con la liberación inmediata de Jaime Enrique Navarrete Blandón, uno de las 35 personas que aún quedan en las cárceles de la dictadura.
La Radio y su persistente voz en Nicaragua
El 13 de febrero de cada año se conmemora el Día Mundial de la Radio, efeméride proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2012, para recordar que este medio de comunicación constituye una plataforma para el discurso democrático y permite una participación igualitaria, independientemente del nivel educativo de los oyentes.
"Continúa la lucha por la democracia y la justicia"
Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, quienes fueron desterrados de Nicaragua junto a 220 personas por la dictadura Ortega-Murillo, aseguraron este viernes en conferencia de prensa que están más comprometidos que nunca para continuar luchando por la democracia y la justicia de Nicaragua.
Obispo Rolando Álvarez condenado a más de 26 años de prisión
El obispo Rolando Álvarez, uno de los 35 presos políticos de Daniel Ortega, fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por el juez orteguista Octavio Rothschuh, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones, circunscripción de Managua.
Personas desterradas se convierten en apátridas, qué implica esto para sus vidas
Tras el destierro de los 222 personas expresas políticas por parte de la dictadura de Daniel Ortega hacia Estados Unidos, y el posterior arrebato de la nacionalidad nicaragüense, estas personas se convierten en apátridas, es decir no tienen ninguna nacionalidad.
Excarcelación, destierro y apátridas
Nicaragua despertó con una noticia que le ha dado la vuelta al mundo. La excarcelación y destierro de 222 personas que permanecían en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por razones políticas. La Asamblea de Daniel Ortega, en un acto de aberración jurídica, les quitó la nacionalidad nicaragüense.
38 personas presas políticas continúan en las cárceles de Nicaragua
Al menos 38 personas no fueron incluidas en la lista de liberación de la dictadura de Daniel Ortega. El Mecanismo de Presas y Presos Políticos aseguró que “luego de cotejar la lista de personas presas políticas del mecanismo, con la lista de personas excarceladas publicada hoy, identificamos a 38 personas que no fueron incluidas. Exigimos su liberación inmediata”.
Destierro de las personas presas políticas es inconstitucional
El Poder Judicial confirmó el destierro a través de una “sentencia de deportación”. Medida que según Carlos Guadamuz, defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, es inconstitucional, ya que la Constitución establece en el artículo 43, que las y los nicaragüenses no pueden ser objeto de extradición del territorio nacional.
Regimen se toma instalaciones de Grupo Venancia en Nicaragua
El edificio del Grupo Venancia, fue tomado ilegalmente por la Policía orteguista en horas de la mañana este ocho de febrero. El organismo catalogó como un “robo” la confiscación, ya que no cumplieron con los procedimientos legales que este conlleva.
Al respecto el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció la nueva acción represiva del régimen Ortega-Murillo en contra de las personas presas políticas. Inhabilitar de por vida para ejercer cargos públicos y la suspensión de los derechos políticos es calificada “una aberración jurídica” y quedó expuesto que el régimen “está delinquiendo impunemente”, afirma la organización defensora de Derechos Humanos.
